La Asociación Rural del Uruguay (ARU), a través de su presidente Rafael Ferber, ha vuelto a expresar su profunda preocupación por las limitaciones productivas impuestas en la cuenca del río Santa Lucía, argumentando que estas medidas resultan contraproducentes y chocan con el planteo de crecimiento impulsado por el presidente Yamandú Orsi. Ferber enfatizó el considerable aporte productivo de esta región, considerando «un error» la aplicación de restricciones al uso de insumos clave para la actividad agropecuaria.
Basándose en datos del Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Federación Uruguaya de Grupos CREA, Ferber resaltó que la actividad en la cuenca del Santa Lucía genera entre el 25% y el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario nacional, una cifra que la ARU cuantifica en US$ 1.500 millones anuales. «Aunque estas cifras han sido objeto de debate, lo verdaderamente alarmante es que se están tomando decisiones sin una evaluación clara de su impacto productivo», afirmó el titular de la gremial.
Ferber reiteró estos cuestionamientos en el marco del lanzamiento de la 15ª Expo Rural de Melilla, y ya los había planteado previamente en un almuerzo empresarial de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Durante sus intervenciones, el presidente de la ARU reconoció la prioridad del consumo humano de agua, dado que se trata de la misma cuenca, pero criticó que el Estado haya establecido limitaciones «muy fuertes» que afectan directamente la capacidad productiva de la zona.
Concretamente, Ferber puso el foco en el Proyecto Casupá, señalando la propuesta de un mayor control en el uso de nutrientes y plaguicidas, así como las zonas de exclusión de hasta 100 metros donde se prohíbe el laboreo y la aplicación de agroquímicos, junto con la suspensión de nuevas inversiones en engorde a corral. Estas medidas, a su entender, «resultarán en una producción más acotada» y actúan como un desestímulo que limita los rendimientos. «Ningún productor invierte en la aplicación de nutrientes y el manejo de fitosanitarios con la intención de reducir su producción», advirtió.
El dirigente estimó que una disminución del 10% en la producción de la cuenca, a causa de estas restricciones, representaría una pérdida anual de US$ 150 millones. Además, destacó que el perjuicio no solo afecta a los productores, sino a toda la cadena asociada, incluyendo el transporte, los servicios, la maquinaria y el empleo en general.
Respecto a las cifras expuestas por la ARU, Alejandro Nario, director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente (MA), había manifestado que el dato del 28% era «exagerado». Sin embargo, Ferber insistió en la relevancia de la cifra, independientemente de si es un 25% o un 28%, y lamentó que el Ministerio de Ambiente no haya hecho públicas estimaciones concretas sobre el impacto económico de estas medidas. También expresó inquietud por la percepción de que las medidas ya implementadas no generan efectos, cuando en la práctica, un control estricto de las mismas implicaría una menor utilización de insumos y, por ende, una reducción de la producción.
El presidente de la ARU enlazó esta problemática con la estrategia de desarrollo nacional, señalando que el propio presidente Orsi ha enfatizado la necesidad de crecer para abordar los desafíos sociales. En este sentido, dado que el sector agropecuario contribuye con el 78% de las exportaciones de bienes del país, Ferber concluyó que «no es factible impulsar ese crecimiento dejando de lado una porción tan significativa de la producción nacional».
En su exposición previa en el evento de ADM, titulado “Uruguay 2026: Desafíos y oportunidades”, Ferber ya había subrayado la interdependencia entre el desarrollo social del país y el éxito del sector productivo. Trazó una hoja de ruta centrada en tres ejes estratégicos: la evolución del uso del suelo (con un potencial de crecimiento adicional de US$ 2.000 millones si se aplican los estímulos adecuados para aumentar la forestación, agricultura y pasturas artificiales), la ganadería de carne (con un récord de exportaciones bovinas en 2025 y la defensa de la exportación de ganado en pie como un «regulador» esencial para garantizar precios justos) y la situación de la cuenca del Santa Lucía. En este último punto, reiteró su preocupación por las zonas de exclusión y la suspensión de inversiones que «limitan los rendimientos» en una cuenca de 1,3 millones de hectáreas, donde el 71% se destina a ganadería y lechería.
Como alternativa a las restricciones actuales, Ferber propuso considerar la opción de Juan Lacaze para el abastecimiento de agua. Según los cálculos de la ARU, un incremento en la actividad productiva de la cuenca, liberada de las limitaciones vigentes, podría generar los ingresos necesarios para cubrir el costo de traer el agua desde Juan Lacaze en un plazo de tan solo cinco años, transformando un escenario de restricciones en una oportunidad de crecimiento sostenible.
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