Orsi lidera reunión ministerial sobre reasignación presupuestaria y despliegue militar en seguridad

Este viernes, a partir de las 10 horas, el presidente Orsi convoca a su Consejo de Ministros para deliberar sobre dos asuntos de gran relevancia: la redistribución de fondos en la inminente Rendición de Cuentas y la implementación de vehículos del Ejército para reforzar el patrullaje policial en las zonas más afectadas por la criminalidad en Montevideo y su área metropolitana.

El Poder Ejecutivo ya ha delineado tres áreas prioritarias para la asignación de recursos presupuestales: la pobreza en la infancia, la seguridad pública y la situación de las personas sin hogar. Respecto a las demandas de los gremios educativos por un mayor presupuesto para la enseñanza pública, Orsi indicó que si bien la solicitud puede ser considerada, las prioridades establecidas para el incremento de fondos se mantienen inalterables.

En el ámbito de la seguridad, el Consejo escuchará este viernes el informe conjunto de las carteras de Interior y Defensa, relativo a la determinación de emplear vehículos blindados militares en tareas de patrullaje policial, enfocándose en los barrios con mayores índices de violencia y homicidios, principalmente en la capital y su conurbación.

Esta medida ha generado controversia, destacándose la postura del ministro de Trabajo, Juan Castillo (Partido Comunista), quien expresó públicamente en el programa «Arriba Gente» de Canal 10 que la imagen de vehículos militares patrullando las calles «no es favorable para la sociedad». El mandatario, por su parte, respondió en una conferencia de prensa, afirmando categóricamente que «la decisión ya ha sido tomada» y enfatizando que «no se trata de una cuestión de imagen, sino de acción, es algo que debe resolverse».

A pesar de estas divergencias internas en el Ejecutivo, el gobierno procederá a establecer el marco legal que permitirá el despliegue de vehículos militares, con personal del Ejército al volante, para labores de patrullaje. Se baraja la posibilidad de un traslado en comisión de soldados a la fuerza policial, así como la reglamentación específica de sus funciones para delimitar el alcance de su participación en la seguridad interna.

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