Conrado Ferber, productor agropecuario y expresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), ha expresado su profunda crítica sobre el panorama de la industria avícola en Uruguay. Ferber, quien ocupó la presidencia del instituto en la administración anterior, señaló que el pollo en el país no cumple con la característica de ser una proteína económica y accesible que se observa en gran parte del mundo. Destacó, además, que el precio de la suprema es prácticamente idéntico al de ciertos cortes de carne vacuna, una situación que calificó de «rareza».
Según el exjerarca, esta peculiaridad no se debe a la capacidad de conversión biológica del animal ni a la eficiencia productiva, sino que es resultado de un intrincado «entramado político y empresarial» que ha protegido al sector avícola. Esta salvaguarda se implementó tras el fracaso de las exportaciones a Venezuela, bajo la promesa de un tiempo de reconversión para acceder a mercados más exigentes.
En una columna de opinión publicada en el portal agropecuario atomorural.com, Ferber desglosó sus argumentos. Mencionó la influencia de un «lobby poderoso», la existencia de un «mercado cautivo, caro y de calidad discutida», y cómo el alto costo del producto ha impulsado de manera imparable el contrabando desde Brasil. Explicó que la protección se manifiesta en una limitación de las importaciones a un exiguo 5% del consumo interno, la asignación de permisos mediante sorteo y estrictas exigencias técnicas que complican el ingreso de productos extranjeros. Incluso se ha reducido a diez meses la vida útil del pollo congelado importado, a diferencia del estándar global de doce. Estas medidas, a su entender, permiten que el pollo producido localmente se venda apenas por debajo de la carne vacuna, generando márgenes extraordinarios o disimulando ineficiencias.
El «lobby poderoso» al que Ferber alude, habría logrado, a través de «argumentos culturales», evitar inversiones en la implementación de estándares internacionales de enfriado o sistemas de certificación como el HACCP. El desenlace, según su análisis, es un mercado cautivo donde el consumidor afronta el costo de un modelo que no ha conseguido las habilitaciones necesarias para la mayoría de los mercados externos.
Las repercusiones de este sistema se extienden más allá de lo económico. El elevado precio del pollo ha exacerbado el contrabando desde Brasil, que se efectúa en condiciones sanitarias deficientes, sin la debida cadena de frío ni controles de inocuidad, lo que aumenta los riesgos para la salud pública al comercializarse en canales informales.
Ferber también advirtió sobre un riesgo económico latente para la industria nacional. Aunque Uruguay cuenta con condiciones ideales para una avicultura moderna —granos a precios competitivos y abundancia de agua— la protección ha llevado a que la industria local se encuentre «adormecida». Esta situación la hace vulnerable a ser rápidamente superada por inversores externos que lleguen con plantas automatizadas y estándares internacionales. Sostuvo que la excusa de la falta de recursos no es válida, ya que, mediante exoneraciones fiscales vía COMAP, se han realizado inversiones millonarias en infraestructuras como plantas de silos y granjas propias, prescindiendo de los engordadores tercerizados, y ampliando las industrias, pero siempre bajo el mismo «sistema ineficiente y obsoleto».
Ferber concluyó su exposición planteando una interrogante fundamental: «¿Si el país seguirá sosteniendo un sistema que condena al consumidor a pagar caro por un pollo de dudosa calidad, o si se animará a abrir el juego, con reglas claras y estándares internacionales, para transformar de verdad la industria y posicionar a Uruguay como un actor relevante en el mercado global, consolidando así un rubro, del que depende mucha gente, pero que, mientras siga protegido, es muy difícil que se desarrolle?». Subrayó que, de mantenerse la protección, los riesgos —económicos, políticos y sanitarios— seguirán presentes.
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