La Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) ha manifestado su profunda preocupación respecto al proyecto de la Represa de Casupá, iniciativa gubernamental diseñada para asegurar el suministro de agua potable al área metropolitana. Según la entidad, «no se cumplen las garantías técnicas, sociales ni ambientales necesarias para proceder con una construcción de tal envergadura».
La organización, liderada por Carlos María Uriarte, productor rural y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, expresó que su inquietud trasciende el ámbito legal, abarcando con igual importancia las implicaciones humanas, productivas y ecológicas del proyecto. Si bien reconocen la obligación constitucional del Estado de satisfacer las necesidades esenciales de la población, insisten en que dicha tarea debe ejecutarse «con una consideración responsable hacia las comunidades afectadas, el entorno natural y dentro del marco jurídico existente».
En un comunicado enviado a El Observador este jueves 23 de julio, AUGAP lamentó que la discusión sobre las posibles soluciones para el abastecimiento hídrico se haya «politizado en exceso», impidiendo un análisis tranquilo y fundamentado en datos técnicos. Por ello, la asociación considera imperativa «una instancia de diálogo nacional que evalúe todas las opciones disponibles, permitiendo seleccionar aquella que genere el menor impacto negativo en las personas y el ambiente, y que preserve adecuadamente nuestros recursos naturales».
Los productores expresaron su inquietud no solo por la Represa de Casupá, sino también por el proyecto Arazatí, que aún está en fase de estudio. Argumentan que la construcción en Casupá «transformaría drásticamente la estructura productiva de la región» y «afectaría el equilibrio forjado con esfuerzo, arraigo y sentido de responsabilidad a lo largo de décadas». Asimismo, enfatizaron que la discusión en torno a Casupá debe ir más allá de la mera necesidad de infraestructura, para reflexionar también sobre «las consecuencias ambientales, sociales y éticas de las decisiones adoptadas».
Se detalló que, de concretarse la iniciativa, se anegarían cerca de 3.000 hectáreas de campo natural y se devastarían 430 hectáreas de monte nativo en las Serranías del Este. La AUGAP subrayó que estos «son ecosistemas cuya formación demandó siglos, con complejas interacciones entre la flora, la fauna, los suelos y los cuerpos de agua, imposibles de reubicar como elementos aislados».
Entre otras reflexiones, la asociación considera «especialmente crucial» que un proyecto de esta índole se evalúe «con el más estricto rigor ambiental, en virtud de la reputación internacional que Uruguay ha edificado a lo largo de décadas, fundamentada en la preservación de sus recursos naturales, en particular del monte nativo». Además, advirtieron que «se impactaría a comunidades rurales activas, más de 80 núcleos familiares dedicados a la labor agropecuaria durante cuatro, cinco o incluso seis generaciones, pilares de la producción, el entramado social y la vida comunitaria». Añaden que «cada terreno destinado a ser inundado representa historias, familias, modos de vida, lazos con el territorio y una identidad forjada a través de generaciones».
Este territorio posee una rica historia rural ligada al pensamiento artiguista, donde la tierra es concebida no solo como un recurso económico, sino como un componente esencial de la identidad nacional. Para concluir, AUGAP manifestó: «Confiamos en que las autoridades correspondientes demuestren la voluntad y dispongan de la información completa para sopesar estos elementos con la seriedad y el equilibrio que el asunto exige. AUGAP reafirma su compromiso de respaldo a las familias ganaderas implicadas, en la defensa del trabajo, la producción sostenible, el arraigo en el campo y el progreso duradero del país».
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