Casmu ha determinado iniciar una investigación exhaustiva y contratar auditorías externas para esclarecer si la administración previa incurrió en irregularidades o incumplimientos normativos. Esta resolución surge de un comunicado emitido tras la Asamblea General Ordinaria, celebrada este martes en Montevideo.
Durante la asamblea, se aprobó el Balance correspondiente al cierre del 30 de setiembre de 2025, junto con el informe de la Comisión Fiscal y el plan de reestructura propuesto por el actual Consejo Directivo. Sin embargo, no se dio el visto bueno a la Memoria Anual ni a la evaluación de la gestión precedente, según se detalla en el documento oficial.
El texto del comunicado subraya que la Asamblea votó por «la realización de una investigación y la contratación de auditorías externas con el objetivo de determinar si existieron eventuales irregularidades o incumplimientos normativos durante la gestión anterior».
Se añade que «los datos que han tomado estado público corresponden a los balances del último año de dicha gestión (setiembre de 2024 – octubre de 2025), período en el cual la institución registró una pérdida operativa superior a los 1.000 millones de pesos, así como gastos no identificados —sin la debida documentación— por más de 800 millones de pesos. Estos aspectos se encuentran actualmente bajo análisis».
Casmu permanece bajo intervención gubernamental desde julio de 2024. Los ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas efectúan un seguimiento continuo de la situación, analizando sus indicadores financieros. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó en su momento que «Nuestro desvelo es garantizar que los 177.000 usuarios tengan la mejor calidad asistencial», reconociendo desafíos comunes a otras instituciones, pero asegurando la continuidad de la atención. La comisión interventora no ha reportado riesgos asistenciales.
La actual gestión de Casmu ha destacado logros significativos en sus primeros meses, como una reducción del déficit operativo mensual cercana al 50%, la supresión de gerencias y cargos duplicados que representa un ahorro superior a USD 400 mil mensuales, y una disminución considerable en los costos de cirugías laparoscópicas.
El Consejo Directivo actual ha manifestado que las decisiones tomadas brindan respaldo a las medidas impulsadas y al proceso de transformación en curso, reiterando su firme compromiso con la transparencia y la recuperación institucional.
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