El 13 de marzo, el astillero Cardama remitió un escrito al Estado uruguayo, exponiendo su postura frente a la cancelación del contrato determinada por la administración de Yamandú Orsi. En el documento, al cual un medio de prensa tuvo acceso, la firma española argumenta que «toda la conducta del Estado es contradictoria» y una «improvisación arrogante,» tildando la anulación del acuerdo de «ilegítima.»
El texto acusa al Estado uruguayo de un «comportamiento arbitrario y doloso,» lo que, según Cardama, evidencia una falta total de interés en considerar argumentos válidos.
Asimismo, señala que la pretensión del Estado de reclamar una indemnización por el presunto incumplimiento contractual es el «resultado lógico» de un actuar «inconsistente, desordenado y equívoco,» producto de «posturas obstinadas» y de un «desdén por el orden jurídico.»
Cardama instó a Uruguay a realizar las gestiones necesarias para remover de sus instalaciones las estructuras ya construidas de las patrulleras oceánicas, las cuales, según la empresa, «ocupan una porción significativa» de su espacio.
La difusión de esta noticia provocó una respuesta del diputado Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, quien manifestó en su cuenta de X sus inquietudes. Sotelo aludió a un posible arbitraje internacional y la consecuente indemnización a la empresa, el incremento al doble del costo de las patrulleras, y la vulnerabilidad del frente marítimo uruguayo ante el narcotráfico y la pesca ilegal china, criticando una aparente falta de consideración por los intereses nacionales.
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