El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la postura de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que considera que el herbicida Roundup no es cancerígeno, tiene primacía en las disputas legales. Este fallo, que se centra en el controvertido producto de Bayer, marca un hito en la prolongada batalla judicial.
En una decisión trascendental emitida el jueves, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció a favor del conglomerado agroquímico alemán Bayer. La sentencia busca invalidar miles de reclamaciones judiciales que asocian el herbicida Roundup, producido por su subsidiaria Monsanto, con presuntos riesgos de cáncer.
Con un respaldo de siete de los nueve magistrados, la máxima instancia judicial estadounidense estableció que la postura de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU., la cual dictamina que el Roundup no es carcinógeno, anula las querellas presentadas en cortes estatales que establecían una conexión entre el químico y diagnósticos oncológicos.
La noticia tuvo un efecto inmediato en el mercado bursátil, con las acciones de Bayer, empresa que adquirió Monsanto en 2018, escalando un 18,7% en la Bolsa de Fráncfort. La multinacional con sede en Leverkusen, Alemania, acogió con beneplácito el veredicto, expresando que la resolución del Tribunal Supremo debería «contribuir sustancialmente a la conclusión de las disputas legales vinculadas al Roundup, tras casi una década de confrontaciones judiciales».
Desde 2018, Bayer ha destinado más de 10.000 millones de dólares para resolver pleitos relacionados con el glifosato, el ingrediente activo del Roundup, y ha reservado otros 8.000 millones de dólares para causas pendientes.
La controversia llegó al Tribunal Supremo tras la condena impuesta a Monsanto en octubre de 2023 por un jurado en Misuri, EE. UU., que la obligó a pagar 1,25 millones de dólares a John Durnell. Durnell afirmó haber contraído cáncer debido a la exposición al glifosato, un componente del Roundup, y criticó al fabricante por la ausencia de advertencias de salud sobre su empleo.
Este dictamen inicial en Misuri provocó una avalancha de nuevas demandas. Sin embargo, Bayer, con el apoyo de la administración del entonces presidente Donald Trump, argumentó ante el tribunal, de mayoría conservadora, que debía gozar de inmunidad frente a las acciones legales estatales, enfatizando que la EPA había autorizado la comercialización de Roundup para agricultores y consumidores sin requerir advertencias específicas.
El Tribunal Supremo procedió a revocar los fallos de instancias judiciales previas. El juez Brett Kavanaugh, en la opinión de la mayoría, señaló que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) «demanda uniformidad y explícitamente anula las normativas de etiquetado a nivel estatal», invalidando así la resolución del Tribunal de Apelaciones de Misuri.
Por otro lado, en su voto disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson manifestó que la mayoría había malinterpretado «el alcance de la supremacía de la FIFRA», lo que, a su juicio, «finalmente priva a Durnell de un recurso ante los considerables perjuicios que ha padecido».
La EPA no exige advertencias sobre el riesgo de cáncer para el Roundup, ya que no considera el glifosato como una sustancia cancerígena. No obstante, este compuesto sigue siendo objeto de gran debate. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo cataloga como «probablemente cancerígeno».
Brent Wisner, socio director del bufete Wisner Baum y abogado en múltiples litigios contra Monsanto, calificó la sentencia como un revés significativo. «Esta resolución representa un duro golpe para la responsabilidad corporativa», declaró Wisner, estimando que más de 60.000 expedientes estaban pendientes en el sistema judicial estadounidense. «Aunque no es el desenlace que esperábamos del Tribunal Supremo, nos indica que aún queda mucho por hacer», finalizó Wisner. (AFP / John Biers)
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